El Consejo de Gobierno ha aprobado el primer Plan Estratégico de la Justicia de Andalucía que, con un marco temporal entre 2023 y 2030, se vertebra en cinco ejes: infraestructuras judiciales, recursos humanos, digitalización, humanización y sostenibilidad, e incluye medidas y objetivos que ya se están implementando en el sistema judicial andaluz. Su formulación fue acordada en enero de 2023 e incorpora, como una de las partes de mayor envergadura, el Plan de Infraestructuras Judiciales con actuaciones en el 100% de los 85 partidos judiciales andaluces.
Para su elaboración, se ha partido de un diagnóstico previo de la Justicia en Andalucía, tras 29 años de competencias transferidas de un sistema compuesto por 85 partidos judiciales donde trabajan un millar de jueces y magistrados, 550 fiscales y más de 9.000 funcionarios. Una dimensión equivalente a la de los siete territorios que gestiona el Ministerio de Justicia. Sólo el País Vasco cuenta con una planificación de este tipo.
Como resultado de la información recabada, el Comité Directivo del Plan Estratégico, con el asesoramiento técnico del Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP), consensuó una relación de problemas, necesidades y retos que son la base sobre los que se vertebran los objetivos estratégicos que se pretenden conseguir con este documento. Así, el Plan se estructura en cinco ejes con 57 programas, cada uno de ellos con medidas concretas para alcanzar los 24 objetivos específicos marcados.
En su diseño se ha contado con los diferentes profesionales jurídicos (jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, funcionarios, abogados y procuradores) a través de encuestas, jornadas de trabajo participativas y el asesoramiento de un grupo de expertos para una evaluación ex ante del documento elaborado. El borrador fue expuesto a información pública a finales de 2025 para recibir aportaciones y elaborar el texto definitivo, tras recibir los informes preceptivos del Gabinete Jurídico, el Consejo Económico y Social y el Consejo Consultivo.
El eje sobre recursos humanos se centra en la gestión, desarrollo y motivación del personal que presta servicio en los tribunales andaluces para que la formación y la organización de los recursos reviertan en la mejora de sus condiciones de trabajo y en su rendimiento, con el objetivo de reducir la congestión de asuntos. Así, este eje incluye la formación especializada del personal funcionario, incidiendo en las capacidades digitales, optimizar su distribución y coordinación en función de las cargas reales de trabajo y las necesidades del servicio, favorecer la conciliación de la vida personal y laboral, promover su bienestar y motivación para captar y retener el talento e incentivar el compromiso e implicación en la mejora del servicio que se presta al justiciable.
Para actuar sobre las sedes, desde 2023 está en marcha el Plan de Infraestructuras Judiciales 2023-2030 que contempla actuaciones en el 100% de los partidos judiciales, entre ellas más de medio centenar de nuevos edificios, incluyendo las ciudades de la Justicia de Sevilla, Cádiz, Roquetas de Mar, Algeciras, Huelva, Granada, Jaén, Jerez y Marbella, además de la ampliación de la de Málaga. También se está dotando de nuevas sedes partidos judiciales como Lucena, Órgiva, Huércal-Overa o Archidona.
El objetivo es que el 85% de los partidos judiciales tengan todos los servicios unificados en un solo edificio para acabar con la dispersión actual en más de 150 sedes (Jaén capital es el mayor ejemplo con trece sedes) y que sean accesibles (sin barreras arquitectónicas ni sensoriales, entre otras medidas. Para ejecutar el Plan de Infraestructuras Judiciales no sólo se dispondrá de financiación propia, sino que hay proyectos de colaboración público-pública con ayuntamientos y diputaciones, colaboración público-privada y actuaciones financiadas con fondos europeos.
El eje de digitalización persigue eliminar el papel de los tribunales y que tanto la ciudadanía como los profesionales realicen el 100% de los trámites digitalmente a través del Expediente Judicial Electrónico. Con ello se prevé agilizar la resolución de las incidencias informáticas y mejorar la seguridad de servidores y equipos. En este ámbito ya se han desarrollado actuaciones como el despliegue completo del sistema de gestión procesal @driano o la virtualización de puestos de trabajo.
El PEJA incluye también un eje centrado en la humanización de la Justicia y la calidad del servicio, poniendo en el centro al usuario, especialmente a los más vulnerables, con la ampliación de servicios específicos como el Servicio de Asistencia a Víctimas en Andalucía (SAVA), Puntos de Encuentro Familiar (PEF), salas Gesell para la práctica de pruebas preconstituidas o salas de espera para víctimas de violencia de género que se incluyen ya en todas las nuevas infraestructuras. Medidas que ya están en desarrollo.
La humanización de la Justicia pasa también por promover el diálogo y el acuerdo frente al exceso de litigiosidad y el PEJA a través del uso de los Medios Adecuados de Solución de Conflictos (MASC). Para ello, Andalucía puso en marcha en mayo de 2024 un servicio público y gratuito de Mediación Penal (Sempa), que ya ha evitado más de 4.100 juicios en dos años e incluyó la mediación en el sistema de Justicia Gratuita para facilitar el acceso a estos procedimientos a los andaluces independientemente de sus recursos económicos.
El último eje del Plan Estratégico se alinea con los objetivos de sostenibilidad para eliminar el uso del papel en la Administración de Justicia, reducir un 30% el consumo energético en las sedes judiciales (con sistemas de iluminación, climatización y aislamiento más eficientes) y conseguir la generación de un 30% de energía renovable en los edificios (mediante la instalación de placas solares).
Evaluación
El plan cuenta con un Comité Directivo de Seguimiento y Evaluación, que elaborará informes anuales en el primer trimestre del año siguiente al analizado con datos de las acciones desarrolladas, los resultados parciales conseguidos, las dificultades encontradas, así como las propuestas de modificación y mejora. En 2028 se realizará una evaluación intermedia para analizar el grado de cumplimiento de los objetivos tras los primeros años de implementación del plan, establecer medidas correctoras y decidir para modificar, suprimir o añadir objetivos y programas.
Una vez finalizado el periodo de ejecución del plan, el 31 de diciembre de 2030 comenzará la evaluación final, que se plasmará en un Informe sobre el grado de consecución de los objetivos planteados, el cumplimiento presupuestario y la temporalización de los programas previstos, los cambios incorporados a lo largo de los años y eficacia y eficiencia.
