El Gobierno local de IU prevé incorporar en los presupuestos municipales de 2026 una partida de 300.000 euros destinada a la equiparación salarial del personal de los programas Experiencias Profesionales para el Empleo (EPES) y Gestiona, actualmente integrados en Enseña y Emprende. La propuesta busca corregir la brecha retributiva respecto a la plantilla municipal que realiza funciones similares.
La medida ha sido abordada en un encuentro mantenido con trabajadores y trabajadoras de ambos programas, que llevan años reclamando condiciones laborales equivalentes a las del personal municipal, pese a desempeñar su labor en servicios públicos vinculados a la orientación y el apoyo al empleo.
Los programas EPES y Gestiona, financiados por la Junta de Andalucía, han sido objeto de críticas por parte del personal por las condiciones precarias que arrastran desde su implantación en el ámbito local. Pese a no tratarse de competencias directas del Ayuntamiento, el gobierno municipal se ha comprometido a destinar fondos propios para corregir esta desigualdad.
La previsión de incluir la partida de 300.000 euros ha sido confirmada por la alcaldesa, Carmen Álvarez, quien en declaraciones recientes ha defendido el principio de “a igual empleo, igual salario”, aplicado ya en otras actuaciones durante el mandato. Entre ellas, el abono de más de tres millones de euros a trabajadores de planes autonómicos tras una sentencia judicial, así como la regularización de salarios de cinco técnicas de Andalucía Orienta (más de 192.000 euros) y de diez jardineros contratados por el plan Andalucía Activa, con una inversión de 120.000 euros.
No obstante, la inclusión de esta partida en los presupuestos de 2026 estará condicionada a la aprobación del pleno municipal, donde el grupo que sustenta al actual equipo de gobierno, Izquierda Unida, cuenta con solo 7 de los 25 concejales. Para salir adelante, las cuentas requerirían el respaldo de otras formaciones como el PSOE o el PP.
Desde el gobierno local también se ha reclamado a la Junta que sus programas incorporen desde su diseño criterios de igualdad salarial, de modo que no recaigan sobre los ayuntamientos los costes derivados de corregir estas situaciones. Como ejemplo de modelo alternativo, se ha citado el acuerdo con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que permitirá habilitar una oficina de inserción sociolaboral en el Centro de Servicios Sociales del Barrio Alto con una financiación estatal de 590.000 euros, sin coste para las arcas municipales.
