El PSOE de Sanlúcar ha vuelto a cuestionar la subida de la tasa de basura aplicada desde enero de 2025 y ha señalado que mantiene abierta la vía judicial para determinar la legalidad de las cantidades cobradas. Según ha informado la formación socialista, el incremento ha rondado el 50% y, a su juicio, no se ha traducido en una mejora del servicio ni en la puesta en marcha de determinadas prestaciones vinculadas a la recogida separada de residuos.
La integrante de la ejecutiva local socialista Caridad Salazar ha afirmado que los vecinos llevan más de un año y medio afrontando esta subida mientras, según su valoración, el servicio ha empeorado. “Carmen Álvarez nos está castigando: nos ahoga con impuestos y nos inunda la basura”, ha declarado Salazar en la nota difundida por el partido.
El PSOE ha recordado que en diciembre de 2025 solicitó al Ayuntamiento la devolución de las cantidades cobradas durante ese año por el incremento de la tasa, al considerar que estaban vinculadas a un servicio de recogida separada de residuos que no se había puesto en funcionamiento. La formación añade ahora a esa reclamación los ocho primeros meses de 2026.
Ante la negativa del Gobierno municipal a efectuar esa devolución de oficio, los socialistas han explicado que acudieron a los tribunales. Según recoge el comunicado, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) admitió a trámite en abril la denuncia presentada por el PSOE para determinar la legalidad del cobro.
“Le dimos la oportunidad a Carmen Álvarez de devolver a los ciudadanos lo que considerábamos que se había cobrado indebidamente y no quiso hacerlo. Por eso tuvimos que denunciar”, ha señalado la formación socialista. El partido confía en que el procedimiento pueda resolverse antes de que termine el año.
El PSOE ha anunciado además que, en caso de que la Justicia determine que procede la devolución de las cantidades, prestará apoyo desde su sede en Sanlúcar a los vecinos que quieran reclamar el dinero que les corresponda. Por el momento, la pretensión de devolución forma parte de la posición defendida por los socialistas y queda pendiente de la resolución judicial sobre la legalidad del cobro.