La Junta de Andalucía se ha personado este jueves 31 de julio en el procedimiento expropiatorio iniciado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en relación con el hotel de El Algarrobico, en Carboneras (Almería) tras más de cinco meses sin recibir información alguna por parte del Gobierno de España. Esta nueva actuación se suma a las tres vías ya abiertas por el Gobierno andaluz: la personación en el procedimiento judicial, en la modificación del planeamiento urbanístico y en la revisión de oficio de la licencia urbanística, con el objetivo firme de restituir la legalidad urbanística y ambiental vulneradas en este enclave del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.
La personación tiene como fin ejercer un papel activo en este procedimiento promovido por el Gobierno de España, al que la Junta no ha tenido acceso pese a haberlo solicitado de forma reiterada. En la última comisión mixta de seguimiento mantenida entre ambas administraciones, se acordó que el Ministerio facilitaría a la comunidad autónoma la documentación relativa a la expropiación. Ante la falta de respuesta, y con el tiempo comprometido ya vencido, el Ejecutivo andaluz ha dado el paso de incorporarse formalmente a este expediente para tener conocimiento de los actos previstos y poder valorar su alcance.
Desde la Junta de Andalucía se subraya que esta decisión no persigue entorpecer el proceso, sino todo lo contrario: reforzar el compromiso de las administraciones implicadas con la demolición del edificio ilegal y la restauración ecológica de una de las zonas más valiosas de la costa andaluza. En este sentido, se recuerda que el pasado 10 de febrero, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró públicamente que el hotel sería derribado en un plazo de cinco meses. Hoy, transcurrido el tiempo anunciado, el procedimiento continúa sin avances palpables y sin que la Junta haya recibido ningún tipo de información por parte del Estado.
El hotel de Azata del Sol, levantado en primera línea de playa en un suelo no urbanizable, tal y como ha ratificado el Tribunal Supremo en diferentes sentencias, se ha convertido desde hace años en un símbolo del urbanismo irregular. Parte de la edificación se encuentra en terrenos incluidos dentro de la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre, lo que refuerza aún más la necesidad de recuperar el espacio para los valores naturales que lo caracterizan.
Desde la Junta de Andalucía se insiste, al igual que ya se hizo en el seno de la Comisión Mixta de Seguimiento del Protocolo General de Colaboración de 15 de noviembre de 2011 entre el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y la Junta de Andalucía, en que resulta necesario que el Ayuntamiento de Carboneras culmine la revisión de oficio de la licencia en cuanto que se trata de una vía jurídica sólida y eficaz avalada por sentencias firmes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y ratificadas por el Tribunal Supremo.
La Junta lamenta la demora por parte del Ayuntamiento de Carboneras en ejecutar la sentencia que le obliga a iniciar la revisión de oficio, proceso que se ha dilatado tres años. En cuanto el consistorio cumplió con esta obligación tras la insistencia continua de la Junta de Andalucía, la Administración autonómica se personó en el expediente en el plazo de una semana para defender los intereses generales de Andalucía.
Además, el Gobierno andaluz recuerda que en los últimos años ha intensificado su implicación en la resolución del conflicto. A diferencia de etapas anteriores, la Junta ha participado activamente en los procedimientos judiciales clave durante los años 2023 y 2024, que han culminado en sentencias firmes que obligan a modificar el planeamiento municipal para adaptarlo a la clasificación del suelo como no urbanizable de especial protección. También ha previsto en los Presupuestos para 2025 una partida específica de un millón de euros destinada al desescombro y la renaturalización del entorno.
El compromiso de Andalucía con la legalidad urbanística y la protección de su patrimonio natural es claro. El hotel de El Algarrobico no puede permanecer en pie en un espacio protegido. Las decisiones deben ser responsables, jurídicas y sostenibles, evitando promesas sin recorrido o soluciones improvisadas que retrasen aún más el proceso.
